“Tratan de matarla una, dos, tres veces…”: sobrevivientes enfrentan secuelas y un sistema que las revictimiza
Ciudad de México.— En México, las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio no solo cargan con las secuelas físicas y emocionales del ataque: deben enfrentar una segunda batalla contra un sistema institucional que, lejos de garantizarles justicia, las desgasta, las revictimiza y con frecuencia invisibiliza la gravedad del delito.
Cinco años después de haber sobrevivido a dos tentativas de feminicidio, Yeritza Bautista, de 38 años, consiguió finalmente una sentencia contra su expareja en marzo pasado. El dictamen llegó tras un largo proceso judicial que tuvo que repetir debido a un amparo promovido por el agresor.
En circunstancias similares, Ayyselet Gutiérrez, de 31 años, obtuvo recientemente una ficha de búsqueda para la captura de su expareja, Julio César Aparicio Montalba, quien permanece prófugo desde hace tres años después de atacarla con 27 puñaladas.
Ambas mujeres viven hoy con daños permanentes y con un desgaste emocional profundo, mientras persisten en su búsqueda de justicia por un delito que, según datos internos de la Fiscalía capitalina, solo obtiene sentencia en el 0.04 % de los casos. Se trata de cifras que, además, no son públicas.
“Una tortura institucional”
Aunque logró una condena, Yeritza continúa enfrentando nuevos obstáculos derivados del sistema judicial. Su agresor interpuso otro amparo en mayo pasado, aún sin resolución.
En vísperas del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ella describe su proceso como “una tortura institucional y sistemática”, una estructura que parece diseñada —dice— “para cansar a las víctimas y obligarlas a desistir”.
“Para llevar el proceso penal tienes que dejar de lado tu vida”, relata. Sus cirugías, terapias y rehabilitaciones avanzaron al mismo tiempo que las audiencias y trámites judiciales.
Ayyselet también recuerda el desgaste que ha representado exigir justicia. Tres años después del ataque ocurrido en septiembre de 2022, la joven tuvo que insistir mensualmente ante diversas instituciones para lograr la ficha de búsqueda del agresor.
“Un feminicida está libre, haciendo su vida normal, mientras yo tengo que estar presionando para que la carpeta avance”, denuncia.
Errores de clasificación y vacíos legales
El primer obstáculo al que se enfrentan las víctimas: la incorrecta clasificación del delito.
Las abogadas Verónica Berber y Betzabe López, del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), advierten que es común que los intentos de feminicidio sean tipificados como lesiones, violencia familiar o intento de homicidio, lo que diluye la gravedad del ataque y complica la impartición de justicia.
Las variaciones entre los Códigos Penales de cada estado profundizan las inconsistencias y dejan a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.
En el caso de Ayyselet, la intervención de su madre fue clave para revertir la clasificación inicial de lesiones mientras la joven se encontraba hospitalizada.
Secuelas invisibles, daños que no se reparan
Además de los daños físicos —en el caso de Yeritza, una mandíbula destrozada y dientes arrancados manualmente durante el primer ataque—, las secuelas psicológicas persisten y no están contempladas en los mecanismos de reparación del daño.
Por ello, Yeritza, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (Renase), impulsa junto con otras sobrevivientes una propuesta legislativa para endurecer las penas, incorporar agravantes y reconocer las secuelas psicológicas de por vida como parte del daño integral.
Su propuesta comenzará en el estado de Morelos, donde ocurrió el primer ataque, aún sin sentencia.
“Las penas están desproporcionadas”, advierte. Su agresor recibió 11 años de prisión por tentativa de feminicidio, apenas dos más que los 9 años que contempla la violencia intrafamiliar.