Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) formuló imputación en contra de Luis Ángel “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, por su presunta participación en los delitos de cohecho y rebelión, luego de su detención el pasado 14 de septiembre.
El exfuncionario fue asegurado durante un operativo conjunto con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en el que también se capturó a tres hombres armados que intentaron rescatarlo a bordo de una camioneta clonada con los colores y balizamientos de la Policía Municipal.
Según la carpeta de investigación, Luis Ángel “N” portaba cartuchos útiles y trató de sobornar a los agentes con dinero en efectivo al momento de su detención. Minutos después, tres sujetos identificados como Miguel Ángel “N”, Alberto “N” y César Iván “N” llegaron en el vehículo clonado y fueron arrestados en posesión de armas largas, una granada y la patrulla robada.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que este caso está relacionado con la difusión de videos atribuidos al grupo denominado “Ejército Purépecha”, el cual, de acuerdo con autoridades, buscaba usurpar la representación de comunidades indígenas para fines delictivos.
“Cero impunidad, no va a haber impunidad y las investigaciones continúan y se amplían. Son los primeros cuatro detenidos y veremos cómo avanzan las investigaciones”, declaró el mandatario estatal.
La FGE solicitó prisión preventiva para Luis Ángel “N”, mientras se determina su situación jurídica. Su imputación incluye cohecho y rebelión, delito previsto en el artículo 313 del Código Penal del Estado de Michoacán.
En tanto, los tres hombres que intentaron el rescate quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y serán investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ante los indicios de sus vínculos con el crimen organizado.
Este caso revela una posible infiltración criminal en el gobierno municipal de Jiquilpan y, al mismo tiempo, una estrategia de manipulación que utilizaba la imagen de los pueblos originarios, quienes —según el propio gobernador— nunca estuvieron involucrados.