Uruapan, Michoacán. Una joven activista ambiental se enfrentó sola a elementos de la Guardia Civil durante el aseguramiento de un predio donde se proyecta construir una torre del teleférico en esta ciudad. La joven denunció que dicha acción viola una suspensión definitiva otorgada por un juez federal dentro de un juicio de amparo promovido contra la obra.
Durante el operativo, la ciudadana advirtió a los elementos:
“Existe un amparo y nos otorgaron la suspensión definitiva”, repitiendo la advertencia mientras los agentes continuaban con las labores en el terreno.
La suspensión definitiva en un juicio de amparo impide que cualquier autoridad realice actos que puedan afectar derechos protegidos mientras se resuelve el fondo del litigio. Juristas advierten que violar este tipo de medidas judiciales constituye una falta grave que podría derivar en sanciones penales y administrativas para los funcionarios responsables.
Diversas organizaciones y ciudadanos han manifestado su preocupación por lo ocurrido, señalando que permitir que autoridades pasen por alto resoluciones judiciales alimenta la impunidad, debilita el Estado de derecho y pone en riesgo a cualquier ciudadano que busque protección legal.
Además, recordaron que los servidores públicos involucrados podrían enfrentar consecuencias legales incluso tras dejar el cargo, ya que existen antecedentes donde exfuncionarios han debido recurrir al mismo sistema judicial para su defensa.
Se prevé que los promoventes del amparo interpongan las denuncias correspondientes, buscando que los hechos sean investigados y, en su caso, sancionados conforme a la ley.
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