Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2025.- Al menos seis personas pertenecientes a la comunidad LGBTIAQ+ se han registrado como aspirantes para ocupar cargos judiciales en Michoacán, todas ellas originarias de la capital del estado, según dio a conocer Daniel Marín Mercado, presidente de la organización Responde, Inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos.
Marín Mercado destacó que estos perfiles, todos juristas, han solicitado el respaldo de la asociación civil para obtener cartas de recomendación, uno de los requisitos dentro del proceso de selección. Sin embargo, reconoció que la participación desde el interior del estado es limitada, debido a la distancia y la falta de información en las regiones más alejadas.
Además del registro, la comunidad LGBTIAQ+ se organiza para ejercer una contraloría ciudadana, con el objetivo de vigilar el desempeño de quienes resulten electos. Esta vigilancia no se limitará al proceso electoral, sino que busca mantenerse durante el ejercicio de las funciones judiciales.
“Queremos conformar una red que exija rendición de cuentas y sensibilidad hacia los sectores históricamente vulnerados”, expresó Marín.
La estrategia de vigilancia contempla la creación de un grupo de voluntariado denominado VoluntaQueers, que difundirá información sobre los perfiles, su experiencia, enfoques y su cercanía con causas de la diversidad sexual.
Actualmente ya existen núcleos ciudadanos activos en Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan, Zamora y La Piedad, con miras a una expansión regional.
El activista también alertó sobre un posible intento de grupos conservadores por “cooptar” el Poder Judicial, en un contexto donde existen amenazas a derechos previamente conquistados por la población LGBTIAQ+.
Uno de los referentes más emblemáticos en el país en esta materia fue Jesús Ociel Baena Saucedo, primer magistrade no binarie de México, cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones de personas sexodiversas a buscar espacios de justicia y representación.
La elección judicial en Michoacán continúa su curso, y se espera que la participación ciudadana y la vigilancia desde la sociedad civil marquen un precedente en la búsqueda de una justicia más inclusiva.