Ciudad de México, a 21 de octubre de 2025.– La Cámara de Diputados recibió este lunes por la noche la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el propósito de unificar la tipificación de este delito en todo el país y garantizar que sea perseguido de oficio, sin depender de la presentación de una denuncia.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, busca además armonizar diversos ordenamientos jurídicos, entre ellos el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Cámara de Diputados, el objetivo de la reforma es dotar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de herramientas legales suficientes para prevenir y combatir eficazmente la extorsión, además de establecer mecanismos de protección y asistencia a víctimas, testigos y ofendidos.
La iniciativa plantea que todas las entidades federativas persigan este delito de oficio, sin necesidad de que exista una denuncia formal, y que las víctimas puedan reportar los casos de manera anónima a través del número 089, lo que obligará al Ministerio Público a iniciar una carpeta de investigación.
Entre las sanciones propuestas, se contemplan penas de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio o causar daño patrimonial, moral, físico o psicológico.
Asimismo, se consideran agravantes en casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean menores de edad, migrantes o servidoras públicas, así como en aquellos donde el delito se cometa con violencia o por parte de grupos criminales organizados.
En materia de ejecución penal, la propuesta prevé un régimen estricto para los sentenciados por extorsión, quienes no podrán acceder a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con las autoridades.
Esta iniciativa complementa la reforma constitucional presentada el pasado 10 de julio por la propia Sheinbaum, que busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de extorsión, con el fin de homologar las sanciones y evitar disparidades entre los códigos penales estatales.
Actualmente, la extorsión se castiga de manera distinta en cada estado, lo que —según el Ejecutivo federal— ha dificultado su persecución y favorecido la impunidad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se registraron 10 mil 804 víctimas de extorsión en el país. Tan solo ocho entidades —Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán— concentraron el 66% de los casos.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual discusión en el pleno.