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    Trasladan al penal de Chalco a Carlota “N”, adulta mayor acusada de doble homicidio

    Estado de México.- Carlota “N”, de 74 años, fue trasladada este viernes al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, tras ser señalada como presunta responsable del homicidio de dos hombres y tentativa de homicidio de un menor, en un hecho registrado el pasado 1 de abril en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco.

    Junto a ella fueron ingresados también Eduardo “N” y Mariana “N”, identificados como sus hijos y presuntos cómplices del ataque. Los tres fueron captados en video descendiendo de un vehículo y accionando armas de fuego contra las personas que presuntamente ocupaban ilegalmente un inmueble perteneciente a la adulta mayor.

    El traslado se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad por la carretera México–Puebla, en espera de que se lleve a cabo la audiencia inicial ante un juez de control, quien determinará la legalidad de la detención y si los imputados enfrentan el proceso en libertad o prisión.

    Posibles consecuencias jurídicas

    La Fiscalía del Estado de México acusa a Carlota “N” de homicidio calificado, delito que en esta entidad puede alcanzar penas de hasta 70 años de prisión, dependiendo de agravantes como premeditación, ventaja y alevosía. Las autoridades también investigan si los hechos están relacionados con una disputa vinculada al llamado Sindicato 22 de Octubre, organización presuntamente implicada en invasiones de viviendas y otras actividades ilícitas.

    ¿Qué se sabe del contexto?

    Testigos señalaron que las víctimas, de 51 y 19 años, realizaban trabajos de herrería en la vivienda. Al intervenir, Carlota “N” habría disparado contra ellos y herido también a un adolescente. La agresión fue grabada en video y ampliamente difundida en redes sociales, provocando un debate social sobre justicia por mano propia.

    El caso sigue en investigación y ha puesto nuevamente sobre la mesa el problema de las invasiones de predios, así como la posible complicidad de organizaciones con presencia política en actos de violencia e impunidad.

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