La identidad del dueño del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, sigue siendo un misterio. Así lo confirmó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien señaló que las investigaciones aún están en curso y que la Fiscalía General de la República (FGR) ya atrajo el caso tras los recientes hallazgos de restos humanos en el sitio.
Durante una conferencia de prensa el 19 de marzo, Gertz Manero lamentó que la Fiscalía de Jalisco no hubiera realizado las diligencias necesarias tras el aseguramiento del inmueble en 2024. Indicó que la falta de una investigación adecuada ha impedido conocer el historial de propiedad del predio, el cual, según los primeros indicios, podría tratarse de un terreno ejidal.
«Han pasado seis meses desde la diligencia policial y no hicieron la investigación completa de la historia de la propiedad, que parece que es una propiedad ejidal», señaló el fiscal. Añadió que la información disponible hasta ahora es preliminar y que se están revisando los antecedentes de quienes podrían haber sido los propietarios antes de que el terreno fuera presuntamente tomado por el crimen organizado.
En redes sociales y medios se han difundido múltiples especulaciones, incluso ligando el terreno con personas en Estados Unidos, pero la FGR descartó tener elementos sólidos para confirmar estas versiones. El propio Gertz subrayó que han recibido versiones encontradas: «Han dicho que primero era de una persona, luego que era de otra. Eso es lo que no está completo».
Por otro lado, durante la inspección más reciente del rancho, se encontraron identificaciones personales —entre ellas credenciales del INE— que supuestamente pertenecen a personas detenidas en otras entidades por presuntos vínculos con actividades criminales. La FGR continúa investigando la procedencia de estos documentos como parte del esclarecimiento del caso.
El Rancho Izaguirre fue señalado como un presunto centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde jóvenes eran reclutados y sometidos a entrenamientos forzados. Testimonios recientes de detenidos han revelado actos de tortura y violencia contra quienes se negaban a colaborar con el grupo criminal.
Las autoridades han prometido que seguirán las investigaciones para identificar plenamente al propietario o propietarios del inmueble, así como para deslindar responsabilidades sobre el uso del terreno por parte de grupos delictivos.