Chinicuila, Michoacán. La pesadilla comenzó con un zumbido. Eran las 8 de la mañana de este viernes cuando los pobladores de San José Huitzontla, comunidad indígena enclavada en el municipio de Chinicuila, escucharon el estruendo de los helicópteros y el rugido de motores sobre los caminos de terracería. Más de 80 unidades irrumpieron: patrullas, jeeps grises, camionetas tipo «monstruo» sin placas, una Suburban que lideraba la caravana, y elementos que portaban uniformes semejantes a los de la Marina, la Guardia Nacional y distintas corporaciones policiales.
Pero lo que más inquietó a los habitantes no fue el poder de fuego ni los vehículos blindados, sino el rostro oculto de quienes descendían de ellos: encapuchados, con lentes oscuros, y una actitud agresiva y sin identificación visible.
“No traían papeles de alguna orden, no traían nada”, denuncia una mujer que pidió el anonimato por miedo a represalias. “Nos gritaban que nos calláramos el hocico, que éramos unas pinches viejas”.
Los testimonios recabados por este medio coinciden: el operativo fue caótico, sin respaldo legal y con tintes de abuso. Hubo empujones, insultos, golpes a jóvenes y mujeres, cateos arbitrarios. Las puertas de las casas fueron forzadas, objetos personales tirados al suelo, y hasta la capilla de la Virgen de la Candelaria fue violentada.
“Se metieron ahí como si fuera un escondite del narco, pero sólo había veladoras, santos y flores”, relató un comunero.
En medio de la confusión, los pobladores notaron algo más alarmante: vehículos civiles transportaban bolsas negras, descargadas con rapidez y cuyo contenido fue quemado en distintos puntos de la comunidad.
“Eran armas y cascos. Creemos que querían sembrar evidencia. Nadie de aquí tenía eso”, sostuvo un habitante.
Además, al menos 12 personas fueron detenidas, todos comuneros, según sus vecinos, quienes aseguran que no tienen vínculos con el crimen organizado. Nadie explicó los motivos de las detenciones, ni se mostró alguna orden legal.
Lo más inquietante, aseguran los entrevistados, fue la presencia de civiles armados identificados como habitantes de Aquila, específicamente Dimas Ibarra, presuntamente ligado al cártel que opera en esa zona costera.
“La gente mala viene de pronto a hacer chingaderas, y ahora también las autoridades”, sentenció un testigo. “Por eso exigimos la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto no puede seguir pasando”.
La jornada terminó como empezó: con miedo. Las patrullas se fueron, pero dejaron un pueblo con puertas rotas, santos destruidos y mujeres llorando. San José Huitzontla sigue de pie, con la esperanza de que alguien, desde algún despacho en la capital, escuche su clamor. Mientras tanto, solo quedan los rezos.