Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Norma Piña, ha admitido un recurso presentado por Grupo Elektra en el que la empresa impugna un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos. Este crédito fiscal se originó debido a la omisión en el pago de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2008.
La admisión del recurso se debe a que Elektra plantea cuestiones de inconstitucionalidad en las leyes aplicadas, lo que, según la ministra Piña, requiere un análisis por parte de la Corte. El acuerdo para aceptar el recurso fue firmado por Piña el 8 de agosto y notificado el día de hoy, con el expediente turnado a la ministra Yasmín Esquivel en la Segunda Sala de la Corte. Se espera que la resolución de este asunto tome entre uno y dos meses.
Este caso se suma a otro conflicto fiscal de Elektra que involucra un crédito fiscal mucho mayor, de 18,455 millones de pesos, relacionado con el ejercicio fiscal de 2013. La controversia ha llegado a tal punto que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a la ministra Piña esta semana, cuestionando la prolongación de la resolución de estos casos.
Si Piña hubiera desechado el recurso, Elektra habría estado obligada a pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dado que la empresa había agotado las instancias previas del juicio. Sin embargo, el recurso ha sido admitido y será revisado por la Corte.
La problemática comenzó el 5 de junio, cuando el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó una sentencia de febrero de 2023 que ratificó la deducción indebida de 1,900 millones de pesos por parte de Elektra para disminuir la base del Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio de 2008. Este esquema también se aplicó en los ejercicios de 2010 y 2011, resultando en créditos fiscales adicionales por 6,920 millones de pesos.
En cuanto al crédito de 18,455 millones de pesos del ejercicio de 2013, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo directo a Elektra el 13 de junio. La Suprema Corte, al admitir estos casos, se limitará a pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad de las leyes aplicadas, sin considerar un resultado favorable significativo para la empresa en los recursos planteados.