Washington, EUA. – La Ley de Insurrección, que el presidente Donald Trump ha mencionado como posible recurso ante las protestas en Estados Unidos, permite desplegar al Ejército para apoyar a las autoridades civiles en casos de disturbios que excedan su capacidad de respuesta.
Aunque se le conoce como Ley de Insurrección de 1807, en realidad se trata de un conjunto de estatutos aprobados por el Congreso entre 1792 y 1871. Esta normativa es considerada uno de los poderes de emergencia más fuertes, ya que suspende temporalmente la prohibición de la ley Posse Comitatus, que impide al Ejército actuar en funciones de policía civil.
Según el Centro Brennan para la Justicia, la ley permite al presidente movilizar tropas incluso sin el consentimiento del estado afectado, aunque una de sus provisiones requiere aprobación estatal. No debe confundirse con la ley marcial, que otorgaría al Ejército autoridad para asumir el gobierno civil: la Ley de Insurrección solo autoriza apoyo militar a las autoridades civiles, sin reemplazarlas.
La última vez que se invocó fue en 1992 durante el mandato de George H.W. Bush, tras los disturbios en Los Ángeles, y en el pasado fue utilizada por Dwight Eisenhower y John F. Kennedy para garantizar la integración escolar tras el fallo del caso Brown vs. Board of Education.
La ley carece de estándares claros, lo que otorga al presidente amplia discreción para desplegar tropas federales en disturbios civiles. Trump aún no la ha activado formalmente, pero ha señalado que lo hará si es necesario, especialmente en ciudades como Portland, Oregón, que considera “en llamas”.
Actualmente, la batalla legal entre Oregón y el Ejecutivo ha escalado después de que la jueza Karin Immergut bloqueara temporalmente el despliegue de tropas federales mientras se revisa la demanda estatal, que argumenta que el envío de soldados es ilegal e innecesario.
Aunque las fuerzas federales pueden ser enviadas sin invocar esta ley, sus funciones serían limitadas, por ejemplo, a proteger edificios gubernamentales, sin ejercer acciones propias de la policía civil como detenciones o represión de manifestaciones.